Continúa la polémica y los emplazamientos hacia el Gobierno tras conocerse que una mujer, identificada como Bernarda Vera, figuraba en la lista de detenidos desaparecidos durante dictadura, sin embargo, se detectó que se encuentra radicada en Argentina.

Según un reportaje de Chilevisión, la ex militante del MIR, habría logrado escapar al vecino país por la cordillera, junto a un grupo de personas. En 1978 Vera habría obtenido un permiso de residencia en Suecia; en 1984 se convirtió en ciudadana de ese país, y en 1999 habría retornado a Argentina.

El Gobierno, y en especial el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero -antes ministro de Justicia- ha defendido el Plan Nacional de Búsqueda; política pública iniciada durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, e incluso aseguró ayer que «la información que hoy en día existe sobre la situación de Bernarda Vera», es producto de dicho plan.

Asimismo, acusó de una «falta de comprensión» en torno al Plan Nacional de Búsqueda, subrayando que «está diseñado para la construcción de las trayectorias de las víctimas de desaparición forzada. Yo quiero ser muy cuidadoso: no solo hay que resguardar la verdad, sino que también hay que resguardar la situación familiar de las víctimas».

En esa línea, llamó a «resguardar los intereses, los derechos y el dolor de la hija de Bernarda Vera» y a «tratar esa información con cuidado y responsabilidad». Otros casos La tarde de ayer, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también salió en defensa del Plan Nacional de Búsqueda y de su ejecución, y afirmó que el caso de Vera es el único que se ha identificado en la línea de una detenida desaparecida que no era tal.

«Hemos podido cruzar antecedentes para que haya congruencia de los antecedentes que hayan a la vista sobre los detenidos desaparecidos como también otros antecedentes que se requerían en otras instancias, con otros países, para poder completar este mapa y dar con el paradero de estas personas detenidas desaparecidas, y gracias a ese trabajo, justamente, este es el único caso que se ha identificado, junto con otro caso de una persona que no estaba considerada en el listado de detenidos desaparecidos y que hoy podemos considerar», afirmó.

Si bien en estos últimos tres años y medio de la actual administración no se han registrado otros casos, al mirar en retrospectiva, sí hay más antecedentes. De acuerdo a El Mercurio, para encontrar un caso similar hay que remontarse a 2008. A fines de dicho año apareció el primero en considerarse como un «falso detenido desaparecido».

Se trata de Germán René Cofré Martínez, quien viajó desde Argentina a Chile, y se descubrió que su esposa buscaba cobrar una pensión por su desaparición. En 1995, la familia de Cofré le realizó un funeral, tras la supuesta identificación de unos restos hallados en una tumba sin nombre. Esto, porque Cofré aparecía en la nómina de víctimas del Patio 29 del Cementerio General.

El citado medio consigna que por ese entonces, se conocieron nueve casos de falsos detenidos desaparecidos, de los cuales en solo cuatro se acreditaron anomalías y en otros dos no hubo cobro de beneficios. Así, se sumó a la lista de casos el ciudadano Gustavo Soto Peredo y de Carlos Rojas Campos, residentes en Argentina. Por ese entonces, la esposa de Rojas, Norma Rodríguez, culpó al gobierno de error en los registros y aseguró que se «lavaron las manos».

La mujer dijo por entonces que el último año en que vio vivo a su marido fue en 1977 y advirtió que no renunciaría a la pensión que recibía mensualmente por parte del Ejecutivo y que por esos años ascendía a $368 mil. También se conocieron los casos de Pedro Millas Márquez y el de Carlos Muñoz Mejías, quienes perdieron la vida en accidentes.

Asimismo, se descubrió la situación de Emperatriz Villagra, quien aparecía en el informe Rettig, pese a haber fallecido en 1955, y el de Celso Gutiérrez Lara.

Fuente: Emol.com