Cuatro funcionarios de Gendarmería, cuatro internos condenados y seis civiles fueron detenidos en el marco de una investigación que indaga una presunta asociación delictiva dedicada al ingreso ilegal de teléfonos celulares y sustancias ilícitas al recinto penitenciario.

Una investigación desarrollada por la Fiscalía y equipos especializados permitió concretar este lunes una diligencia de entrada, registro y detención en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Collipulli, en la Región de La Araucanía.

El procedimiento se originó a partir de un análisis criminal que detectó durante 2025 un número inusualmente elevado de teléfonos celulares ingresados ilegalmente al recinto penitenciario. Estos antecedentes dieron paso a una investigación, previa autorización del Juzgado de Garantía de Collipulli.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal a cargo, Carlos Bustos, la investigación permitió establecer una presunta red que involucraba a internos, funcionarios de Gendarmería y personas que operaban desde el exterior del penal.

Drogas eran enviadas por encomienda

Según explicó el persecutor, los internos realizaban solicitudes desde el interior de la cárcel hacia personas ubicadas principalmente en la comuna de Paine. Las sustancias ilícitas eran enviadas mediante encomiendas formales, a través de la empresa Chilexpress, para posteriormente ser retiradas por una tercera persona.

Esta persona, de acuerdo con la investigación, entregaba las drogas a funcionarios de Gendarmería, quienes posteriormente las ingresaban al recinto para hacerlas llegar a los internos.

La indagatoria también estableció que los funcionarios habrían recibido pagos a cambio de permitir el ingreso de teléfonos celulares y sustancias ilícitas.

En el caso de los aparatos telefónicos, los montos cobrados fluctuaban aproximadamente entre $200 mil y $400 mil, dependiendo del tipo de teléfono.

14 personas detenidas e investigadas

Como resultado del operativo, 14 personas están vinculadas a la investigación. Entre ellas se encuentran:

4 internos condenados, que permanecen en el CCP de Collipulli.

4 funcionarios de Gendarmería, detenidos por delitos relacionados con cohecho, tráfico ilícito de estupefacientes e ingreso ilegal de aparatos telefónicos.

6 civiles, quienes presuntamente cumplían funciones desde el exterior del recinto penitenciario. Todos ellos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli.

Los delitos investigados corresponden a asociación delictiva, tráfico ilícito de estupefacientes, ingreso ilegal de aparatos telefónicos y cohecho, respecto de los funcionarios públicos involucrados.

Escuchas telefónicas y registros bancarios

La Fiscalía indicó que cuenta con diversos elementos de prueba para sustentar la investigación, entre ellos registros audiovisuales y escuchas telefónicas, que permitirían establecer la coordinación entre los funcionarios de Gendarmería y los civiles detenidos.

Además, se realizó el levantamiento del secreto bancario, con el objetivo de determinar los montos exactos que habrían sido recibidos por los involucrados. El fiscal señaló que estas operaciones todavía deben ser analizadas pericialmente.

La investigación se inició luego de detectar durante 2025 el ingreso ilegal de aproximadamente 40 a 50 teléfonos celulares, situación que permitió identificar un patrón y profundizar las diligencias.

El persecutor destacó el trabajo conjunto desarrollado con la Policía de Investigaciones (PDI) y personal especializado de Gendarmería, incluyendo funcionarios de investigación criminal de La Araucanía.

Gendarmes podrían arriesgar penas superiores a 10 años

Respecto de las penas que podrían enfrentar los funcionarios públicos, el fiscal explicó que estas dependerán de los delitos que finalmente sean formalizados y acreditados durante el proceso.

En el caso del tráfico ilícito de estupefacientes, las penas partirían en 5 años y un día, mientras que por asociación delictiva podrían comenzar en 3 años y un día.

De acuerdo con la estimación entregada por el Ministerio Público, los funcionarios involucrados podrían enfrentar penas que, en conjunto, superarían los 10 años de privación de libertad, dependiendo de los delitos y circunstancias que sean acreditados judicialmente.