El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, entregó detalles del operativo que permitió la detención de 34 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua, en un procedimiento desarrollado de manera simultánea en La Araucanía y la zona central del país.

El persecutor explicó que la investigación nació a partir del trabajo permanente de análisis y coordinación entre el Sistema de Alta Complejidad del Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), permitiendo identificar una estructura criminal mucho más compleja que una red dedicada únicamente al microtráfico.

«Lo que se detectó fue una verdadera organización criminal con distintos niveles de funcionamiento», señaló Garrido. Según explicó, la estructura estaba integrada por líderes radicados en La Araucanía, un segundo grupo encargado de trasladar la droga desde la Región Metropolitana hasta Temuco y un tercer nivel conformado por vendedores que distribuían pequeñas cantidades de sustancias ilícitas.

El fiscal indicó que quienes integraban la organización debían pagar una especie de franquicia, denominada «ficha», para obtener autorización para comercializar la droga. Incluso, añadió, existía un sistema de préstamos de dinero para financiar esta actividad ilegal.

Asimismo, explicó que quienes no cumplían con las cuotas exigidas por la organización eran sancionados con multas, configurando una economía ilícita que, a su juicio, resulta especialmente peligrosa.

«No solo por los efectos dañinos que produce la comercialización de sustancias psicotrópicas, sino también porque va degradando el tejido social y generando dependencia respecto de estas organizaciones criminales», afirmó.

Investigación de largo aliento

Garrido recordó que esta investigación forma parte de una estrategia sostenida para combatir el crimen organizado en la región.

En ese contexto, recordó que hace algunos años la Fiscalía investigó un doble homicidio de personas vinculadas al Tren de Aragua, posteriormente desarticuló una organización dedicada a la explotación sexual comercial y extorsiones, y ahora logró un nuevo golpe contra la estructura criminal.

Del total de detenidos, 29 corresponden a ciudadanos venezolanos y cinco son chilenos. Todos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía para su formalización una vez que el tribunal resuelva la solicitud de ampliación de la detención presentada por la Fiscalía.

Los delitos que serán imputados corresponden a asociación criminal para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos.

Incautación de dinero

Durante el procedimiento se incautaron cerca de 13 millones de pesos en efectivo.

No obstante, Garrido evitó entregar mayores antecedentes sobre la investigación por lavado de activos.

«Existe una línea investigativa relativa al lavado de activos respecto de la cual, por disposición expresa de la ley, no puedo entregar detalles. Sin embargo, es una de las aristas más relevantes en la persecución de organizaciones criminales», sostuvo.

Respecto de la situación migratoria de los detenidos extranjeros, el fiscal indicó que esta es diversa.

«Hay algunas personas que se encuentran en situación migratoria irregular y otras cuya situación aún está siendo verificada», precisó.

Operaban mediante delivery

Según explicó el persecutor, la organización operaba en distintos sectores de Temuco utilizando un sistema de reparto o delivery para distribuir pequeñas cantidades de droga.

Para participar de esta actividad, los vendedores debían pagar un derecho o franquicia a la organización criminal, mecanismo que les permitía comercializar las sustancias ilícitas.

Consultado sobre los montos que debían cancelar los integrantes y la estructura interna del grupo, Garrido indicó que esos antecedentes serán expuestos durante la audiencia de formalización.

Solicitud de ampliación de la detención

El fiscal explicó que la Fiscalía solicitó ampliar la detención de los imputados, facultad contemplada en la Ley de Drogas, debido al elevado número de personas detenidas y a la complejidad del procedimiento.

La medida busca organizar los antecedentes que serán presentados en la audiencia, revisar la situación migratoria de los imputados y entregar oportunamente la información a las defensas para garantizar el ejercicio de sus derechos.

Garrido señaló que la Fiscalía espera que la audiencia de formalización pueda realizarse el próximo jueves, siempre que el tribunal acceda a la solicitud.

Finalmente, la autoridad destacó el trabajo coordinado con la Fiscalía Supraterritorial, cuya creación ha fortalecido la persecución del crimen organizado.

«Esta coordinación permite seguir las investigaciones no solo hacia otras regiones del país, sino también respecto de conductas que eventualmente se desarrollan desde o hacia el extranjero», concluyó.