Tras la decisión de la Municipalidad de Temuco de cerrar las escuelas Brotolhue y Tromen Alto, ubicadas al interior de comunidades Mapuche, la sede de La Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, solicitando revertir la decisión. El cierre de ambos establecimientos afectaría a más de 25 niños y niñas, cuya alternativa más próxima se encuentra a casi una hora de viaje mediante una ruta en condiciones deficientes.

El jefe regional de La Araucanía, Federico Aguirre, señaló que “para el INDH es motivo de preocupación el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación. En particular sectores de la población vulnerables, como lo son los niños y niñas, y comunidades educativas de los sectores rurales de Temuco, que se ven impactadas por el cierre de sus escuelas. Con esta intervención esperamos la protección de la justicia para que dichos proyectos de vida no se vean tan gravemente afectados”.

De acuerdo a lo planteado por el INDH, la decisión vulnera los derechos de niñas, niños y sus familias, generando incertidumbre, además de la obligación de trasladarse a un sitio que queda a una hora de distancia, tiene otras características y no cuenta con adecuaciones para niñas y niños que tienen necesidades educativas permanentes. Además, sostiene el incumplimiento por parte del municipio del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, promulgado en Chile el 2008, que establece que en casos como este el Estado tiene la obligación de realizar una consulta previa a las comunidades afectadas.

El recurso solicita que, en caso de que no se revierta el cierre de ambos establecimientos, la justicia ordene una serie de medidas de mitigación que resguarden la integridad de niños y niñas, entre ellas: garantizar el traslado al establecimiento de destino, asegurar la matrícula de las y los estudiantes afectados, e implementar un programa de acompañamiento psicosocial y de transición.

Es importante mencionar que a mediados de agosto, antes de iniciar la acción judicial, la sede de La Araucanía del INDH se reunió con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, para abordar esta situación.

¿Cuáles son las características de las escuelas que podrían cerrar?

La Escuela Brotolhue, fundada en 1941, se ubica en la Comunidad Indígena Venancio Huenulao. Actualmente tiene una matrícula de 18 estudiantes entre primero y sexto básico: 12 niños y 6 niñas. La escuela cuenta con jornada completa, Programa de Integración Escolar (PIE) y alimentación con tres raciones diarias. En junio el municipio informó a la comunidad del cierre, a través de una carta que no entrega razones de la decisión ni señala las alternativas educacionales ofrecidas o las medidas que se tomarían para mitigar el impacto que pueda tener para los y las niñas.

En tanto, la Escuela Tromen Alto se estableció en 1963 y funciona en un terreno donado por la Comunidad Indígena Jerónimo Melillán. Hoy tiene una matrícula de 10 estudiantes de primero a sexto básico: 6 niños y 4 niñas, que estudian bajo modalidad multigrado y unidocente, cuenta con jornada escolar completa. Las y los estudiantes que allí estudian reciben tres alimentos diarios en el establecimiento. En junio la comunidad fue informada en una reunión del cierre de la escuela por “problemas económicos”, según les señalaron desde el Departamento de Administración de Educación Municipal de Temuco. A la fecha, no han recibido una comunicación escrita acerca de los motivos del cierre.

Derechos de las personas en sectores rurales

El Informe Anual 2018 del INDH incluyó un capítulo sobre derechos humanos en sectores rurales, exponiendo que el Estado no ha sido capaz de asegurar condiciones que permitan a las personas acceder a bienes y servicios que garanticen estos derechos. Dentro de los hallazgos presentados por el informe, se encuentran el aislamiento y la falta de equipamiento, condiciones que han profundizado inequidades, impactando gravemente en niños, niñas y adolescentes. El Informe del INDH recomendó disponer de recursos financieros y humanos para garantizar no sólo infraestructura básica en educación, sino una adecuada dotación de profesionales.

Cabe señalar, que en el ejercicio de su mandato de proteger los derechos de todas las personas dentro del país, la legislación le permite al INDH interponer acciones constitucionales —entre ellas los recursos de protección— asegurando la defensa de individuos o grupos cuyos derechos están amenazados por actos u omisiones de órganos estatales.