La Municipalidad de Temuco obtuvo un fallo judicial definitivo favorable en el caso relacionado con la empresa WTE Araucanía SpA, que había demandado al municipio por una supuesta indemnización de perjuicios luego del término anticipado del contrato para la construcción y operación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Este resultado marca el cierre de un proceso judicial de más de tres años, en el que las distintas instancias jurisdiccionales confirmaron que las actuaciones municipales se ajustaron plenamente a derecho. Con ello, se ratifica la correcta aplicación de los procedimientos administrativos y las facultades legales del municipio en la gestión de contratos de esta naturaleza.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, indicó que “este fallodefinitivo demuestra que en Temuco se hacen las cosas bien, con probidad, transparencia y apego a la ley. Desde el primer día hemos sostenido que las decisiones municipales deben estar respaldadas por fundamentos técnicos y jurídicos sólidos, y este resultado reafirma ese compromiso con la correcta administración de los recursos públicos y con la confianza de nuestras vecinas y vecinos”.

La autoridad comunal agregó que “este dictamen no solo representa un respaldo a la gestión jurídica del municipio, sino que también confirma que las decisiones adoptadas se fundamentaron en el estricto cumplimiento de las bases contractuales.

La Corte Suprema validó la interpretación administrativa aplicada por el municipio y con ello reafirma que los actos públicos deben sostenerse sobre la legalidad, la responsabilidad y el debido control de los instrumentos financieros comprometidos”.

Origen y resolución del conflicto

El origen del conflicto se remonta al 6 de abril de 2020, cuando un decreto alcaldicio municipal dispuso el término del contrato con la empresa WTE Araucanía SpA, debido al incumplimiento de una obligación contractual esencial, consistente en no renovar la boleta de garantía dentro del plazo establecido.

En el mismo acto se ordenó el cobro de dicha boleta, ingresando al patrimonio municipal la suma cercana a los 430 millones de pesos.

Ante esto, la empresa interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco, del cual se desistió posteriormente. Más tarde, WTE Araucanía SpA presentó una demanda de indemnización de perjuicios por $5.800 millones, alegando lucro cesante, daño emergente y daño moral.

Tras un extenso proceso judicial, el Primer Juzgado Civil de Temuco, dictó sentencia en noviembre de 2023, rechazando la demanda presentada por la empresa.

Dicho fallo fue apelado, pero la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la sentencia durante julio de 2025. Finalmente, la empresa interpuso un Recurso de Casación en el Fondo ante la Corte Suprema, el cual fue rechazado en octubre de 2025, estableciendo en forma definitiva que la decisión de la Municipalidad de Temuco de poner término al contrato se ajustó plenamente a derecho.

Al respecto, el abogado del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Temuco, Francisco Vergara, indicó que este resultado viene a confirmar que el trabajo de la municipalidad en materia de transparencia, probidad y un buen desempeño tanto profesional como político en las decisiones. Lo que estuvo en cuestionamiento siempre fue que estos decretos no se ajustaban a
derechos, que eran ilegales”.

El profesional agregó que “la Corte de Apelaciones incluso determinó que esto no podía ser objeto de impugnación, porque las facultades de la municipalidad de interpretar el contrato o ponerle término anticipado obedecía a una facultad de la administración, lo que pudo haber sido impugnado en una instancia judicial que correspondiera. Incluso la Corte Suprema en este último fallo indicó que los decretos no habían sido impugnados, por lo mismo se ajustaba completamente a legalidad La actividad de la municipalidad de Temuco”, puntualizó.

Con este pronunciamiento, la Corte Suprema pone término al proceso judicial iniciado por la empresa WTE Araucanía SpA, quedando firme la resolución que validó la decisión municipal adoptada en abril de 2020.