El Segundo Juzgado Civil de Temuco condenó al Fisco de Chile a pagar un total de $130 millones por concepto de daño moral a la familia del suboficial de Carabineros Eugenio Naín Caniumil, tras acoger una demanda por responsabilidad derivada de una falta de servicio.

La resolución, dictada por la jueza titular María Alejandra Santibáñez Chesta, establece que la cónyuge del funcionario fallecido, Daianna Sabrina Pereira Soto, deberá recibir una indemnización de $50 millones, mientras que sus dos hijos recibirán $40 millones cada uno.

El tribunal consideró acreditada la existencia del daño moral sufrido por la familia producto de la muerte de Naín, asesinado con un arma de guerra el 30 de octubre del 2020 en la localidad de Metrenco, luego de desórdenes en la Ruta 5 Sur.

En el caso de los hijos, la sentencia destaca que al momento de los hechos tenían seis años y siete meses, respectivamente, y que mantenían un vínculo afectivo cercano con su padre. El fallo sostiene que la pérdida significó una ausencia definitiva de la figura paterna durante una etapa fundamental de su desarrollo.

La resolución también tomó en consideración un informe psicológico que describió consecuencias emocionales y psicológicas tanto en la cónyuge como en los menores. Respecto de Pereira Soto, el informe estableció la existencia de un cuadro de estrés postraumático que se habría tornado crónico, mientras que en los hijos se consignaron diversas afectaciones emocionales y conductuales asociadas a la pérdida de su padre.

Tribunal establece responsabilidad del Estado

Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la determinación de la relación causal entre la falta de servicio atribuida al Estado y el daño sufrido por el grupo familiar.

El tribunal sostuvo que existió una “inexistencia, insuficiencia, ineficacia y falta de idoneidad de los medios de seguridad” destinados a proteger la integridad de Eugenio Naín Caniumil, además de cuestionar la ausencia de un plan de evacuación al momento en que fue abatido.

Según el fallo, de haberse cumplido diligentemente las obligaciones correspondientes, el daño que afectó a la familia no se habría producido en los términos acreditados durante el proceso.

La magistrada también rechazó el argumento de la parte demandada respecto de que los familiares ya habían recibido beneficios económicos derivados del fallecimiento del funcionario. La sentencia establece que esas prestaciones corresponden a beneficios de carácter previsional derivados de la relación laboral de Naín con Carabineros y que no tienen como finalidad reparar el daño moral, por lo que no corresponde descontarlos de la indemnización fijada.

Indemnización deberá reajustarse

El tribunal determinó que las indemnizaciones deberán ser reajustadas conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde que la sentencia quede ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

Asimismo, se ordenó aplicar el interés corriente para operaciones reajustables durante el mismo período.

En la parte resolutiva, el Segundo Juzgado Civil de Temuco acogió la demanda de responsabilidad por falta de servicio presentada por Pereira Soto, tanto en su propio nombre como en representación de sus hijos, y condenó al Fisco al pago de los montos establecidos. La sentencia fue dictada en Temuco el 26 de agosto de 2026.

Abogado de la familia apelará

El abogado Luis Candia, representante de la viuda y los hijos del carabinero Eugenio Naín, informó que recurrirán ante la Corte de Apelaciones de Temuco para solicitar un aumento de la indemnización por daño moral establecida en primera instancia, luego de que el Segundo Juzgado Civil de Temuco condenara al Fisco de Chile por falta de servicio en el procedimiento que terminó con la muerte del funcionario policial.

Candia sostuvo que, si bien valoran que el tribunal haya reconocido la responsabilidad del Estado, consideran insuficiente el monto fijado por concepto de daño moral.

“El monto en sí consideramos que es bajo”, afirmó, adelantando que presentarán un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Temuco.

La defensa buscará que el tribunal de alzada modifique únicamente el monto de la indemnización por daño moral, solicitando que se establezca la suma de $300 millones para cada uno de los tres demandantes, cifra que había sido solicitada originalmente en la demanda.