Un nuevo episodio de desinformación jurídica sacudió al Concejo Municipal de Temuco luego de que la concejal Claudia Peñailillo cuestionara políticas de seguridad pública citando una ley derogada, error que no solo distorsionó el debate, sino que terminó arrastrando a otros concejales a abstenciones y discusiones sin sustento legal alguno.

El problema no es la fiscalización: es la falta de estudio

Durante la sesión, la concejala Peñailillo sostuvo sus críticas en un supuesto artículo 4 de la Ley Orgánica Constitucional, norma que simplemente no existe en la legislación vigente.

Se trata de un texto derogado hace más de dos décadas, reemplazado por un marco legal completamente distinto.

Pese a ello, la concejal utilizó esta norma inexistente para poner en duda la legalidad de iniciativas de seguridad pública, instalando una narrativa alarmista que terminó confundiendo al propio Concejo.

Concejales discutiendo sin conocer la ley vigente

El efecto político fue inmediato y preocupante: concejales que confiaron en esa información terminaron absteniéndose y discutiendo bajo una premisa falsa, sin conocer el verdadero marco jurídico que regula las asociaciones municipales.

La pregunta es inevitable:

¿Se puede fiscalizar sin estudiar la ley vigente?

¿Es responsable instalar dudas públicas cuando el argumento central se basa en normativa derogada?

La ley es clara… pero algunos prefieren ignorarla

La legislación actual —artículo 137 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades— autoriza expresamente que los municipios se asocien para desarrollar programas de seguridad pública, sin exigir beneficios idénticos ni simétricos entre las comunas involucradas.

Nada de esto fue mencionado por la concejala.
Nada de esto fue considerado al momento de cuestionar públicamente la iniciativa.

Fiscalizar no es improvisar

Este episodio abre una discusión incómoda pero necesaria: cuando una autoridad confunde leyes, cita normas inexistentes y conduce a otros concejales a votar o abstenerse sin información correcta, el problema deja de ser político y pasa a ser de competencia y preparación.

Fiscalizar no es leer recortes antiguos ni repetir frases fuera de contexto.

Fiscalizar exige estudio, rigor y responsabilidad pública.

Cuando el ruido reemplaza al conocimiento

Mientras Temuco enfrenta desafíos reales en materia de seguridad, algunos optan por el ruido político, incluso a costa de debilitar herramientas legales vigentes, generar confusión en la ciudadanía y tensionar al Concejo con argumentos que no resisten el más mínimo chequeo jurídico.

La discusión queda abierta, pero la duda ya está instalada:

¿Están todos los concejales realmente preparados para fiscalizar, o estamos frente a un caso más de opinión sin estudio?