En representación del comunero mapuche José Tralcal Coche, la abogada Karina Riquelme Viveros ha ingresado formalmente una querella criminal que ha sido declarada admisible en contra del abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

La acción penal le imputa la comisión de los delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia en relación al caso Luchsinger-Mackay.

La querella se fundamenta en las revelaciones que exponen coordinaciones clandestinas ocurridas en agosto de 2018, período en el cual la Segunda Sala de la Corte Suprema revisaba el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los condenados en el mencionado caso.

Según los registros de mensajería del propio teléfono de Hermosilla, el querellado consultó directamente a su intermediario, José Ramón Correa: “Tú más amigo de la sala penal quién es?”, a lo que Correa respondió indicando al ministro “Valderrama”.

Tras este contacto, Hermosilla habría instruido explícitamente: “Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger”, agregando que esta acción era “clave para avanzar en el proceso de pacificación de la región (de La Araucanía)” y advirtiendo que “un cuarto juicio sería fatal”.

Querella contra Luis Hermosilla: llamados de “emergencia” e influencias políticas

Posteriormente, Correa reportó que el magistrado “estaba agradecido del llamado” e incluso le transmitió información interna sobre las ausencias de otros ministros de la sala, como Hugo Dolmetsch.

Estas presiones e intermediaciones se concretaron con el fallo de la Corte Suprema el 10 de octubre de 2018, el cual rechazó el recurso de nulidad y confirmó las condenas, concediendo únicamente una rebaja de pena al descartar la calificación terrorista del delito.

Cabe recordar que el expresidente Piñera había manifestado públicamente su satisfacción por la sentencia condenatoria cuando está aún no estaba firme. Además, el caso se encuentra actualmente bajo examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por una serie de violaciones al debido proceso.

El libelo fundamenta la competencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en que el principio de ejecución de los delitos ocurrió en el Palacio de La Moneda.

De acuerdo con la parte querellante, esta acción judicial representa un paso fundamental para transparentar los vicios institucionales en la administración de justicia.

La misma recalca que la igualdad ante la ley y el derecho a un debido proceso no pueden quedar subordinados a coordinaciones informales de pasillo ni a intereses políticos.

Así las cosas, la querella solicita que el Ministerio Público instruya todas las diligencias pertinentes para esclarecer las responsabilidades de Hermosilla y de todos quienes resulten involucrados en este grave atentado contra la fe pública, señaló BiobioChile.cl.