La decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de poner término a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares, UBAFI, generó una inmediata reacción de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, organización que manifestó su «profunda preocupación e indignación» por el cierre de la instancia especializada creada en febrero de este año para abordar uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país.

Cabe mencionar que la UBAFI nació como una de las principales recomendaciones de la Mesa Interinstitucional sobre Adopciones Ilegales, impulsada por el propio Estado y tenía por misión coordinar la búsqueda de orígenes familiares, apoyar investigaciones administrativas solicitadas por los tribunales, entregar acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, coordinar el trabajo entre organismos públicos y avanzar en la implementación del Banco de Huellas Genéticas, considerado una herramienta clave para facilitar el reencuentro entre madres, hijos e hijas separados mediante adopciones ilegales.

Su creación, además, respondía a un mandato incorporado en la Ley de Reajuste del Sector Público 2026, que encomendó expresamente a la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrollar investigaciones administrativas cuando fueran requeridas por el Poder Judicial.

Sin embargo, mediante la Resolución Exenta N°207, la Subsecretaría dejó sin efecto la creación de la unidad apenas cuatro meses después de su puesta en marcha, reasignando sus funciones a otra estructura administrativa.

Desaparece la capacidad del Estado para responder A través de una declaración pública, la Fundación Hijos y Madres del Silencio sostuvo que la decisión no elimina las obligaciones legales que el Estado adquirió, sino que deja sin el equipo técnico especializado encargado de cumplirlas.

«La UBAFI no fue creada como un gesto discrecional de buena voluntad del Estado. Su origen responde a un mandato legal explícito», señala la organización.

En ese sentido, advierte que la Resolución Exenta N°207 «no deroga esta obligación legal. Solo deja al Estado sin el equipo técnico necesario para cumplirla», recordando que funcionarios del propio Ministerio de Justicia ya habían advertido que, frente a futuros requerimientos judiciales, la Subsecretaría podría no contar con capacidad institucional suficiente para desarrollar las investigaciones administrativas, el acompañamiento psicosocial y la asesoría jurídica que exige la normativa vigente.

La organización manifestó además su preocupación por la paralización del Banco de Huellas Genéticas, cuya implementación formaba parte del trabajo inicial de la UBAFI y que hasta ahora no ha comenzado a operar. Por ello, la Fundación solicitó al Gobierno revertir la resolución que puso fin a la unidad, restablecer el equipo especializado, poner en funcionamiento el Banco de Huellas Genéticas, transparentar las razones que motivaron el cierre de la instancia y garantizar que el Estado contará con la capacidad técnica y humana suficiente para cumplir las funciones que la ley le asigna

Un contraste que preocupa La Fundación también llamó la atención sobre el momento en que se adopta esta decisión.

El cierre de la UBAFI coincidió con la entrega al Gobierno de Noruega del informe final de la Comisión de Investigación sobre Adopciones Internacionales (NOU 2026:7), un documento de más de 750 páginas que dedica un capítulo completo al caso chileno y concluye que existieron graves irregularidades en los procesos de adopción internacional desde Chile.

Entre sus antecedentes, el informe establece que 314 niños y niñas chilenos fueron enviados a Noruega entre 1985 y hasta 2016, la mayoría recién nacidos y, en gran parte, de origen mapuche.

Asimismo, concluye que las autoridades noruegas no debieron autorizar la continuidad de las adopciones provenientes de Chile durante la dictadura militar, debido a las condiciones existentes y a la información de la que disponían en ese momento.

El documento también identifica patrones ampliamente denunciados por las víctimas durante décadas: madres informadas falsamente de la muerte de sus hijos, resoluciones judiciales basadas en prejuicios sociales y étnicos, y antecedentes que podrían constituir conflictos de interés en la tramitación de algunas adopciones internacionales.

«El contraste no podría ser más elocuente: mientras un país receptor reconoce con rigor institucional los errores de su Estado, el país de origen de los niños y niñas adoptados desmantela la única unidad especializada en investigar lo ocurrido y ayudar a las familias a reencontrarse», sostiene la declaración.

Para la Fundación Hijos y Madres del Silencio, la decisión constituye una señal preocupante en momentos en que distintos países europeos avanzan en el esclarecimiento de estos hechos, mientras en Chile miles de madres, hijos e hijas continúan esperando respuestas sobre uno de los casos de vulneración del derecho a la identidad más extensos y dolorosos de las últimas décadas.