El procedimiento liderado por Seguridad Pública del municipio permitió detectar la venta ilegal de recursos marinos protegidos en el centro de Temuco, activando la intervención de Sernapesca, PDI y la Seremi de Salud.

Un nuevo procedimiento de fiscalización en el centro de Temuco permitió detectar la comercialización ilegal de recursos marinos protegidos, en un operativo coordinado entre inspectores municipales y distintos organismos del Estado.

Los hechos se registraron en la intersección de calle Manuel Rodríguez con General Mackenna, cuando fiscalizadores de la Dirección de Seguridad Pública (DISEP) observaron a una persona realizando una compra desde un furgón estacionado en el lugar. Al acercarse, los inspectores constataron que se trataba de la venta de jaibas, lo que encendió las alertas debido a la posible infracción a la normativa vigente.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de funcionarios de Sernapesca y de la Policía de Investigaciones, PDI, considerando que se trataba de recursos del mar en periodo de veda. En el lugar, personal policial verificó que el vehículo era conducido por un ciudadano de nacionalidad china, con residencia definitiva en el país y domicilio en la comuna de Cañete, región del Biobío.

Durante la fiscalización, los equipos de Sernapesca solicitaron la documentación que acreditara el origen legal de los productos, lo que no pudo ser respaldado por el comerciante extranjero. En consecuencia, se configuró una infracción por transporte y comercialización de recursos hidrobiológicos sin acreditación de origen y en periodo de veda.

La Policía de Investigaciones realizó la denuncia correspondiente ante el Juzgado Civil de Temuco, mientras que la autoridad sanitaria instruyó la incautación de los productos para su eliminación.

En total, se decomisaron más de 74 kilos de recursos marinos, entre ellos jaibas hembras y machos, camarones y salmones, los cuales fueron retirados de circulación y destinados a su destrucción conforme a los protocolos establecidos por Sernapesca.

Richard Gutiérrez, director de la DISEP, señaló que el procedimiento “es muy relevante no solo desde el punto de vista del control del comercio ilegal, sino también por el impacto directo que tiene en la salud pública. Estamos hablando de productos del mar cuya procedencia no estaba acreditada, que asegurara la correcta cadena de frío ni condiciones sanitarias mínimas, lo que representa un riesgo real para las personas que eventualmente los consumen. Por eso, este tipo de fiscalizaciones son fundamentales: permiten sacar de circulación alimentos potencialmente peligrosos y proteger a la comunidad. Aquí hay un trabajo coordinado con Sernapesca, la autoridad sanitaria y la PDI que da cuenta de cómo el municipio también cumple un rol clave en la prevención de riesgos sanitarios en la vía pública”, concluyó.