No sorprende haber visto hace algunos días a un grupo de alcaldes de la Provincia de Malleco pidiendo detener la instalación de los Servicios Locales de Educación Pública, puesto que el gobierno ha insistido mediante la ley en su formalización para el presente año 2026, lo que obviamente es un arrebato sin sentido de realidad, puesto que cumplir tal exigencia es simplemente imposible dado todo lo que implica administrativamente.

No sorprende la frugalidad del gobierno al pretender imponer de forma anticipada e irresponsable dicha política pública prevista originalmente para el 2028, sino lo que realmente nos sorprende es que el gobierno insista en promover un modelo claramente fracasado.

La educación en Chile está en crisis. Las reformas de la última década no han dado buenos resultados. Las brechas académicas continúan siendo insalvables respecto a la educación pública frente a la privada; la decreciente oferta de nuevos establecimientos-producida por el fin del ánimo de lucro- afecta la cantidad de niños por sala lo cual tiene repercusiones directas en lo académico; el modelo general sigue siendo anquilosado en el pasado; los estudiantes neurodivergentes y sordos continúan siendo desatendidos; no se ha sabido controlar la violencia escolar como corresponde, entre otros.

Frente a los problemas que enfrenta la educación pública, el sector político respondió con reformas centradas en la administración estructural de los colegios, no afectando en absoluto los nudos críticos enunciados anteriormente, sino dificultando aún más dicha administración debido a que al estar instalado el SLEP en una comuna en particular pretendiendo cubrir un territorio, se hace evidente que el alcance será menor que el que tienen actualmente los municipios.

Asimismo, el sector político actualmente se encuentra procesando -y aprobando en el parlamento- una ley para obligar a todo establecimiento, sea público o privado, a implementar una hora diaria, si, diaria, de ejercicios físicos, con el objetivo entre otros, de disminuir la alta prevalencia de obesidad entre los estudiantes y promover una vida saludable.

De nuevo, la clase política no se está encargando de los problemas reales de la educación chilena, sino que se ocupa de materias que, a nuestro juicio, son secundarias. Es decir, combatir el sedentarismo siempre será una buena causa, pero eso ya se hace en los colegios actualmente con clases de educación física y obviamente, los responsables directos de la salud de los niños son, los padres.

Las externalidades de esta ley son muchísimas y no se está dando el debate correspondiente. Los apoderados deben ser consultados y los estudiantes, también. El proyecto de ley señala que, en todos los niveles educativos, básicos y medios, se debe implementar esta hora diaria ¿Tienen duchas adecuadas y camarines todos los colegios y liceos de Chile? Puesto que hacer ejercicio implica cansancio y transpiración, habrá que llevar otra muda de ropa ¿Se ha considerado la cantidad de agua que gastará cada establecimiento?

Cada uno gastará más que un hotel ¿Se tendrán que contratar personal training para abordar las tareas físicas diarias? Pues no se trata de mandar a los niños a correr todos los días sin tener los resguardos en la salud que esa demanda física requiere, se debe por tanto, contar con varios profesionales para cada curso. Todo lo cual implica más gasto, siendo educación el sector que más gasto tiene actualmente.

En fin, las externalidades y consecuencias son diversas. Los parlamentarios, nuevamente, no dan el ancho. Ya basta de jugar con la educación, basta de paternalismos innecesarios y basta de mirar para el lado e insistir con soluciones fracasadas. Es hora de recuperar la educación en Chile.