Un hombre detenido por el femicidio ocurrido el viernes en la localidad de Labranza, en la región de La Araucanía, permanecerá en prisión preventiva hasta el lunes, cuando la Fiscalía espera formalizar los cargos y solicitar medidas cautelares con todos los antecedentes disponibles, incluido el protocolo de autopsia del Servicio Médico Legal.

Así lo informó Jorge Mendiola, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de La Araucanía, tras el control de detención realizado este sábado. El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público de ampliar el plazo precisamente porque dicho protocolo —antecedente clave para la investigación— aún no estaba disponible.

ALARMA ACTIVADA

Según los antecedentes preliminares con que cuenta la fiscalía, el imputado habría ingresado por una ventana al domicilio de la víctima, lo que habría activado la alarma domiciliaria. Carabineros llegó al lugar alrededor de las 5 de la mañana ante el aviso de un posible ilícito, y solicitó la apertura de la puerta, lo que no fue atendido desde el interior.

Ante una situación de riesgo inminente, los uniformados ingresaron de todas formas al inmueble. Desde uno de los dormitorios, el imputado gritó que portaba un arma de fuego, por lo que el personal policial se replegó y solicitó el apoyo de unidades especializadas. En ese contexto, el hombre decidió salir voluntariamente del domicilio.

Respecto a si la víctima estaba con vida en ese momento, Mendiola señaló que ese punto no ha sido establecido y que es materia de investigación.

LA ORDEN DE DETENCIÓN QUE PUDO SALVAR UNA VIDA

El fiscal confirmó que antes de los hechos existía una denuncia en contra del imputado. Sin embargo, aclaró que, dado que la denuncia fue realizada varios días después de ocurridos los hechos denunciados originalmente, ya no existía una situación de flagrancia que permitiera a Carabineros actuar de forma inmediata.

Por ello, el Ministerio Público solicitó al Tribunal de Garantía de Temuco una orden de detención verbal, la que no fue concedida por el juez. En su lugar, el tribunal decretó sólo medidas cautelares: prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, y prohibición total de comunicarse con ella.

Consultado sobre si esa decisión judicial constituyó un error, Mendiola fue cauteloso: «Eso corresponde a facultades legales del tribunal, y al Ministerio Público no le corresponde evaluarlas», sostuvo.