A partir de este año, nuestro país inicia una nueva etapa en materia educativa con la entrada en vigencia de la Ley N.° 21.809 sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas.

Más que un cambio normativo, esta ley representa una oportunidad para fortalecer aquello que está en la base de todo proceso educativo: la confianza, el respeto y la capacidad de convivir en comunidad.

Durante mucho tiempo hemos entendido la convivencia escolar principalmente como una respuesta frente a los conflictos. Sin embargo, esta nueva legislación nos invita a dar un paso más allá.

Nos plantea que la convivencia no es solo la ausencia de violencia, sino una condición fundamental para aprender, participar, desarrollarse y construir proyectos de vida, con libertad y respeto.

En otras palabras, no existe educación de calidad sin bienestar, inclusión y buen trato; no existe educación de calidad sin comunidades educativas protegidas. Y este, será uno de los motores educativos de la política pública del Ministerio de Educación y del Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

La ley incorpora cambios importantes para todos los establecimientos educacionales. Entre ellos, la actualización de reglamentos internos, la creación o fortalecimiento de equipos especializados en convivencia educativa, la elaboración de planes de gestión con enfoque preventivo, la implementación de canales seguros de denuncia y procedimientos más claros, justos y oportunos para abordar situaciones de violencia, acoso o discriminación.

Pero el principal mensaje de esta nueva normativa no está en las obligaciones administrativas. Su mayor fortaleza radica en el cambio cultural que propone: pasar de una lógica reactiva a una preventiva y formativa. Esto significa promover el diálogo antes que la confrontación, la mediación antes que la sanción y la construcción colectiva de soluciones antes que la búsqueda de culpables.

En La Araucanía, esta invitación adquiere un significado especial. Nuestra región enfrenta desafíos complejos asociados a fenómenos de violencia, dificultades de salud mental y situaciones que afectan el bienestar de las comunidades.

Los que tuvieron una mayor ocurrencia a inicios de año con las amenazas de tiroteo como “tendencia” en más de 200 establecimientos. Por eso, avanzar hacia entornos educativos más seguros, inclusivos y participativos no es una tarea secundaria: es una responsabilidad urgente y compartida; una prioridad que con fuerza esta impulsando el Ministerio de Educación y el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

Como Ministerio de Educación hemos asumido este desafío con convicción. Durante este año estamos impulsando acciones concretas para acompañar a las comunidades educativas en la implementación de la ley.

Hemos fortalecido el trabajo con equipos directivos y encargados de convivencia, promovido la actualización de protocolos institucionales, desarrollado iniciativas de apoyo a la salud mental y desplegado el programa Comunidades Educativas Protegidas, orientado a fortalecer la prevención, la seguridad y la respuesta oportuna frente a situaciones que afectan a estudiantes y trabajadores de la educación.

Asimismo, estamos promoviendo espacios de participación activa para estudiantes, docentes, asistentes de la educación y familias, porque entendemos que la convivencia no puede ser una tarea exclusiva de un equipo o de una autoridad. La construcción de comunidades saludables requiere el compromiso cotidiano de todos.

Cada gesto de respeto, cada instancia de diálogo y cada acción de cuidado contribuyen a generar mejores condiciones para el aprendizaje.

Quiero dirigirme especialmente a las familias, a las y los estudiantes y a quienes trabajan día a día en nuestras escuelas y liceos. Esta ley no busca aumentar la burocracia ni instalar nuevas exigencias alejadas de la realidad educativa. Su propósito es entregar más herramientas para proteger a las personas, fortalecer la convivencia y promover ambientes donde cada estudiante pueda desarrollarse plenamente.

La educación ocurre en las aulas, pero también en los recreos, en las conversaciones, en la manera en que resolvemos las diferencias y en la forma en que nos tratamos mutuamente. Por eso, la convivencia educativa es parte del aprendizaje y no un asunto paralelo a él.

Cuando una comunidad aprende a dialogar, a respetar la diversidad y a resolver sus conflictos de manera constructiva, está formando ciudadanía y fortaleciendo el futuro de nuestra región y del país. Esa garantía, será la que nos permitirá devolver el rol rector de la escuela: el aprendizaje de nuestros estudiantes.

La Ley N.° 21.809 nos entrega una oportunidad valiosa para avanzar en esa dirección. Como seremi de Educación de La Araucanía, reafirmo nuestro compromiso de acompañar a cada comunidad educativa en este proceso, fortaleciendo capacidades, promoviendo el bienestar y resguardando los derechos de niños y adolescentes.

Porque estamos convencidos de que una mejor convivencia educativa abre más oportunidades para aprender, crecer y construir juntos el futuro de nuestra patria. Por eso estamos convencidos que debemos proteger nuestras comunidades educativas hoy, mañana y siempre.