El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, rindió este miércoles la Cuenta Pública 2025 de la Fiscalía de La Araucanía en el cerro Ñielol de Temuco, ante cerca de 150 asistentes, entre autoridades regionales, representantes del sistema de justicia y miembros de la comunidad.

En la instancia, abordó la evolución del crimen organizado en la región y dio cuenta de los principales avances en la persecución penal de delitos de corrupción.

Crimen organizado: disminución de la violencia rural y nuevos desafíos.

Durante la actividad, el fiscal regional destacó que por cuarto año consecutivo los hechos de violencia rural disminuyeron en La Araucanía, alcanzando en 2025 226 denuncias, lo que representa una baja cercana al 6% respecto del año anterior y un 77% menos en comparación con el peak registrado en 2021.

Asimismo, relevó la reducción sostenida de los incendios de alta connotación, que pasaron de 219 hechos en 2023 a 64 casos en 2025, como resultado de una estrategia basada en equipos especializados y coordinación interinstitucional. No obstante, advirtió que “se trata de un avance frágil, que exige mantener y profundizar los esfuerzos de todas las agencias del Estado”.

Durante 2025, la Fiscalía logró 93 condenas en causas vinculadas a violencia rural, mantuvo a 38 imputados en prisión preventiva y avanzó con 22 acusaciones que se encaminan a juicio.

Paralelamente, el fiscal alertó sobre el aumento del crimen organizado urbano y transnacional. Los secuestros alcanzaron 34 denuncias en 2025, mientras que las extorsiones aumentaron de 5 casos en 2022 a 47 en 2025.

A ello se suma un incremento de los homicidios consumados, que pasaron de 45 en 2024 a 53 en 2025, reflejando una mayor letalidad de la violencia.

En materia de drogas, las causas ingresadas aumentaron a 1.804 durante 2025, mientras que el tráfico de armas pasó de 12 a 18 investigaciones, reforzando la preocupación por el tráfico transnacional de armamento. En este ámbito, el fiscal relevó las condenas y formalizaciones obtenidas contra estructuras vinculadas al crimen organizado transnacional, incluyendo organizaciones como el Tren de Aragua.

Delitos de corrupción: investigaciones complejas y de largo aliento
En el ámbito de la corrupción, el fiscal regional informó que la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía mantiene 157 causas vigentes por delitos funcionarios y de corrupción, 40 de ellas asociadas al denominado caso Convenios, por montos investigados que superan los 49 mil millones de pesos.

Durante 2025 se registraron avances relevantes en algunas de estas causas. En la investigación conocida como Fundación Local, donde la defraudación supera los 543 millones de pesos, fue posible formalizar a 10 personas tras cerca de dos años de indagatorias iniciadas en julio de 2023.

En el caso FOLAB–EDUCC, que involucra una defraudación fiscal efectiva por 630 millones de pesos, las primeras acusaciones fueron presentadas a fines de 2024.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible realizar la audiencia de preparación de juicio oral respecto de los nueve imputados acusados, entre ellos un parlamentario, debido a reiteradas suspensiones.

El fiscal destacó que estas investigaciones se desarrollan bajo condiciones especialmente exigentes, debido a la magnitud de los montos involucrados, el perfil de las personas investigadas y el volumen de información digital que debe analizarse antes de formular acusaciones sólidas ante los tribunales.

En ese contexto, explicó que “hoy las investigaciones ya no se miden en fojas, sino en datos digitales. Una carpeta promedio de la Fiscalía contiene alrededor de 2,5 megabytes, mientras que causas como FOLAB–EDUCC reúnen cerca de 10 terabytes de información. Para dimensionarlo de forma simple, si una carpeta promedio pesara un kilo, esta causa equivaldría a más de 4.000 toneladas de antecedentes, que deben ser revisados y analizados antes de acusar”.

Dificultades estructurales

En relación con el crimen organizado, el fiscal regional advirtió que la persecución penal enfrenta dificultades relevantes. Durante 2025, la Fiscalía de La Araucanía sufrió la suspensión del financiamiento del convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ajustes presupuestarios que implicaron la pérdida de 13 profesionales especializados, cuya labor resultaba clave en investigaciones por homicidios, secuestros extorsivos y crimen organizado.

A ello se suma que, pese a la complejidad de los fenómenos criminales que enfrenta la región, La Araucanía no cuenta aún con equipos ECOH permanentes, diseñados específicamente para la investigación de homicidios y delitos asociados a organizaciones criminales.

A este escenario se agrega otra dificultad relevante: las dilaciones que afectan etapas clave del proceso penal, especialmente en las audiencias de preparación de juicio oral y en el inicio de los juicios propiamente tales. En causas de crimen organizado, el paso del tiempo juega en contra de la adhesión de víctimas y testigos, debilitando la capacidad del sistema para sostener procesos extensos y complejos, situación que en algunos casos se ha convertido en una estrategia de defensa.

Como ejemplo de esta problemática, el fiscal regional mencionó la causa seguida contra cinco integrantes de la Coordinadora Arauco Malleco, entre ellos Pelantaro Llaitul, respecto de la cual la Fiscalía de Alta Complejidad presentó acusación formal en mayo de 2024.

Sin embargo, hasta ahora no ha sido posible iniciar el juicio oral, luego de múltiples suspensiones de la audiencia de preparación y reprogramaciones del juicio, cuyo inicio se encuentra actualmente fijado para el año 2026.

En cuanto a la persecución de los delitos de corrupción, el fiscal regional señaló que estas causas se concentran en equipos humanos muy reducidos, que además deben responder al aumento sostenido de delitos económicos, como las estafas, lo que obliga a priorizar recursos sin disminuir los estándares probatorios.

Finalmente, reiteró que la persecución penal del crimen organizado y de la corrupción no puede sostenerse con una reducción de recursos, subrayando que la seguridad de la población y la defensa de la fe pública requieren capacidades reforzadas y una mirada de largo plazo por parte del Estado.