Publicado por: EquipoGDT | sábado 21 de noviembre de 2026 | Publicado a las: 22:05
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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco fijó para el próximo 23 de marzo de 2027, a las 09:00 horas, el inicio del juicio en contra de Pablo Alberto Leighton Tiznado, acusado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de femicidio y aborto violento tras el crimen de su conviviente, Lhoy Grey Sazo Espinoza, perpetrado en mayo de 2024.
El Ministerio Público, en conjunto con la parte querellante representada por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), solicita que el imputado sea condenado a la pena máxima que contempla la legislación chilena: presidio perpetuo calificado.
De acuerdo con la resolución dictada el 20 de noviembre de 2026 por el juez oral en lo penal José Ignacio Rau Atria, la audiencia está programada para extenderse durante cuatro jornadas. El tribunal colegiado estará presidido por la magistrada Cecilia Subiabre Tapia e integrado por Patricia Abollado Vivanco —quien estará a cargo de la redacción del fallo— y Wilfred Ziehlmann Zamorano.
EL CASO
Los hechos que sustentan la acusación fiscal se remontan a la madrugada del 22 de mayo de 2024, al interior de un domicilio ubicado en la intersección de calle Río Amazonas con calle Achao, en el campamento Los Álamos de la capital regional. En ese lugar, el acusado se encontraba junto a su conviviente, Lhoy Grey Sazo Espinoza, con quien tenía un hijo en común y quien, además, cursaba un embarazo de entre 10 y 12 semanas, estado de gravidez que era de pleno conocimiento del imputado.
Según relata el auto de apertura emanado del Juzgado de Garantía de Temuco, tras iniciarse una discusión entre ambos, Leighton Tiznado agredió a la víctima con golpes en el rostro. Cuando la mujer intentó defenderse respondiendo a los golpes, el acusado la tomó fuertemente del cuello y la estranguló.
A raíz del fallecimiento de la mujer, se produjo también la muerte del hijo que gestaba, cuya causa de deceso fue diagnosticada como una hipoxia intrauterina severa secundaria a la muerte materna. Tras consumar la agresión fatal, el imputado montó una escena con el objetivo de simular que la víctima se había quitado la vida mediante ahorcamiento.
PRUEBA
Durante el juicio, el fiscal adjunto Patricio Montecinos y la abogada querellante Angélica Muñoz buscarán acreditar la responsabilidad penal de Leighton Tiznado en calidad de autor de ambos delitos, sin que concurran circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.
Para sostener su teoría del caso, la Fiscalía y la parte querellante presentarán un robusto despliegue probatorio compuesto por 37 medios de prueba en total. Este incluye la declaración de 18 testigos —entre vecinos del sector, familiares, una psicóloga, un funcionario de Carabineros y seis detectives de la Policía de Investigaciones (PDI)—, 11 peritos del Servicio Médico Legal (SML) y del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) —quienes expondrán sobre autopsias, alcoholemia, toxicología, ADN, psiquiatría, planimetría y mecánica—, además de 8 pruebas documentales y otros medios, entre los que figuran un cable eléctrico negro incautado en el sitio del suceso, certificados médicos y 32 fotografías de la escena y de las lesiones que presentaba el imputado al momento de su detención.
Por su parte, la defensa del acusado, encabezada por la defensora penal pública Valentina Villagra Bravo, se adhirió a seis medios de prueba ofrecidos por la Fiscalía y presentará seis pruebas propias: cuatro testigos, la ficha clínica del imputado en el Hospital Regional de Temuco y el testimonio experto del médico legista Bastián Caillaux Lucero, quien elaboró un metaperitaje a los informes de autopsia del Servicio Médico Legal.
Actualmente, Pablo Alberto Leighton Tiznado permanece sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva de manera ininterrumpida desde su formalización en mayo de 2024, cumpliendo dicha reclusión en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Nueva Imperial. El tribunal ya ordenó a Gendarmería de Chile coordinar su traslado hasta la cárcel de Temuco con 48 horas de antelación al inicio del juicio oral para garantizar su comparecencia en estrados.
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