Caso Fundación Local: Los detalles de la ampliación de la querella del CDE en contra 31 personas

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió ante el Juzgado de Garantía de Temuco la querella por el caso Fundación Local, que ahora se dirige contra 31 personas, entre ellas el exgobernador regional de La Araucanía Luciano Rivas Stepke (quien no está en calidad de imputado formalizado), su exjefe de gabinete Juan Pablo Leonelli Lepín (en prisión preventiva) y su exasesor jurídico Andrés Albornoz Rubilar.

De las 31 personas querelladas, solo 13 se encuentran en calidad de imputadas por algún delito en la causa de Fundación Local. Respecto a las otras 18 personas, el Ministerio Público deberá determinar si hay elementos suficientes para formalizar investigación.

El escrito, de 116 páginas, al que tuvo acceso Golpedigital.cl fue declarado admisible por el Tribunal de Garantía de Temuco. La querella original, admitida en octubre de 2024, apuntaba solo a la exjefa de la División de Fomento e Industria del GORE, Susan Alarcón Rubilar; al empresario Héctor Troncoso Triviño, y a Manuel Mora Chepo.

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Una fundación “importada” desde Viña del Mar

Según la querella, durante el primer semestre de 2022 el entonces gobernador pidió a su asesor jurídico constituir una fundación para asignarle fondos públicos mediante programas que le fueran “rentables políticamente”. Como la Ley de Presupuestos exigía que las fundaciones tuvieran al menos dos años de experiencia, el CDE sostiene que el entorno del gobernador optó por tomar el control de una ya existente.

Así habrían llegado a Fundación Local, una entidad sin movimiento con domicilio en Reñaca. De acuerdo con el escrito, el exasesor Jaime Huenchuñir negoció su traspaso con sus dirigentes, Pablo Gallardo y Carlos Soto, a cambio de asignarles programas. En diciembre de 2022 la administración pasó a Héctor Troncoso, amigo del exgobernador, y a Víctor Albornoz, hermano del asesor jurídico.

El CDE afirma que Rivas debió abstenerse de intervenir, ya que es padrino de bautismo de una hija de Troncoso. Aun así, el 16 de diciembre de 2022 se firmaron cinco convenios y el 19 de diciembre el gobernador los aprobó. El 3 de enero de 2023 la fundación recibió $1.766.100.000 en una sola cuenta corriente, pese a que los convenios exigían una por programa.

Ese mismo mes de diciembre la fundación postuló otros cinco programas por más de $7.400 millones, que fueron aprobados en mayo de 2023. De ellos solo se alcanzaron a transferir $347 millones, porque tras el caso Democracia Viva la Contraloría suspendió la toma de razón de los convenios con fundaciones. En total, según el CDE, la fundación recibió $2.113.100.000.

Sobreprecios, contrataciones falsas y pagos en efectivo

La querella describe que los recursos terminaron beneficiando a empresas y personas ligadas al exgobernador o a su círculo, mediante sobreprecios y servicios que no se habrían prestado. Entre las empresas mencionadas en la querella figuran Riolab SpA, en un programa turístico en Curarrehue; Fanoa Ltda. y Acción Rural, en un programa para mujeres de la Agricultura Familiar Campesina; y Ecofrontera, Continua Soluciones, Bio Innova y Grupo Verde, en programas de gestión de residuos.

Entre otros hechos, el escrito sostiene que Ecofrontera, de propiedad de Troncoso, compró artículos por unos $6 millones y los vendió a la fundación en $24 millones. También señala que Leonelli habría recibido $10,1 millones en efectivo por intervenir en la contratación de Fanoa, y que Mora Chepo transfirió a Susan Alarcón cerca del 90 % de los $7,6 millones que cobró.

Los delitos que imputa el CDE en el caso Fundación Local

El organismo califica los hechos como fraude al fisco consumado y frustrado, cohecho agravado, soborno, negociación incompatible y obtención fraudulenta de prestaciones indebidas. A todos los querellados les atribuye participación en calidad de autores.

A Luciano Rivas se le imputan seis delitos de fraude al fisco consumados y cuatro frustrados, la misma imputación que recae sobre Andrés Albornoz, Héctor Troncoso y Víctor Albornoz. A Leonelli y a Susan Alarcón se les suma, además, un delito de cohecho agravado.

La lista incluye a exjefes de división del Gobierno Regional, como Luis Loyola González (Presupuesto e Inversión) e Iván Soriano Tenorio (Administración y Finanzas), por haber aceptado entregar los fondos en una sola cuota y sin garantías suficientes. También figuran funcionarios que elaboraron o evaluaron los programas, empresarios que habrían cobrado sobreprecios y personas contratadas por la fundación que, según la querella, no prestaron servicios.

Qué pide el Consejo de Defensa del Estado

El CDE pidió además tomar declaración a todos los querellados, oficiar al Servicio de Impuestos Internos por sus rentas, boletas y facturas de 2022 y 2023, y levantar el secreto bancario de uno de los imputados.

El organismo anunció también que demandará civilmente a los querellados. Para interrumpir la prescripción, pidió un levantamiento patrimonial de todos ellos ante el SII, los Conservadores de Bienes Raíces y el Registro Civil, con el objetivo de solicitar medidas cautelares sobre sus bienes.

Todas las personas mencionadas en la querella se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme en su contra.