En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco comenzó el juicio en contra del empresario Arnoldo del Tránsito García Riquelme, acusado de ocultar parte de su patrimonio mientras estaba sometido a un proceso de liquidación forzosa por una deuda de $303 millones.

El origen del caso es una sentencia de la Corte Suprema, del 29 de diciembre de 2016, que fijó una deuda de $303 millones a favor de tres acreedores. Estos pidieron al Tercer Juzgado Civil de Temuco la liquidación forzosa del deudor, que fue decretada el 14 de octubre de 2020. En el mismo acto se designó un liquidador provisional para administrar su patrimonio.

De acuerdo con la acusación, el 14 de enero de 2021, a petición del liquidador, el imputado entregó al tribunal civil, a través de su abogado, un listado de sus bienes. En él informó derechos sobre un inmueble en Curanilahue, un automóvil del año 2002 y su participación en dos sociedades mineras. Para la Fiscalía, esa declaración omitió “de manera maliciosa” el resto de su patrimonio.

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Sociedades en cascada

Según el ente persecutor, García Riquelme había armado un “entramado societario en modelo cascada” para diluir sus bienes sin perder el control sobre ellos. Era dueño del 100% de Carnes Andes del Sur SpA y de Sociedad Inversiones Cordillera EIRL. Esta última controlaba Andes Cordillera SpA, que a su vez era dueña de Fercal SpA, propietaria de Fercal Inmobiliaria SpA y de Fercal Energy SpA.

A través de esas sociedades mantenía dos lotes en Cunco, arrendados por 40 UF mensuales cada uno a otra empresa bajo su control. También tenía más de 30 inmuebles en los sectores Tomeco y Peñuelas, en Yumbel, además de un lote de 7,9 hectáreas en el fundo Santa Elisa, en Cunco, y una propiedad en Concepción. Gran parte de esos predios fue traspasada a Fercal Inmobiliaria mediante escrituras firmadas entre mayo y julio de 2020, pocos meses antes de que se decretara la liquidación.

La venta que sacó los predios de su patrimonio

El segundo hecho imputado ocurrió el 8 de abril de 2021, cuando el acusado seguía sujeto al proceso de liquidación. Ese día, a través de la gerenta general de Fercal Inmobiliaria, vendió el 100% de los derechos de esa sociedad a Sociedad Santa Ruth SpA, operación publicada en el Diario Oficial cuatro días después. Con esa transacción, según la Fiscalía, todos los inmuebles salieron de su patrimonio y quedaron fuera del alcance de los acreedores.

Las penas solicitadas

El Ministerio Público pide tres años de presidio menor en su grado medio por la declaración incompleta de bienes y 540 días de presidio menor en su grado mínimo por la venta de la sociedad. El Ministerio Público reconoció a favor del acusado la atenuante de irreprochable conducta anterior.

La parte querellante adhirió a la acusación y pidió además que, si hay condena, los inmuebles sean restituidos a la masa de acreedores. También solicitó cancelar las inscripciones de propiedad del año 2025 en el Conservador de Bienes Raíces de Yumbel, para devolver los bienes a su situación previa a la liquidación.

La defensa del imputado está a cargo del abogado Ramón Domínguez Águila. Hay que recordar que el acusado en esta causa, García Riquelme, se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.