El Concejo Municipal de Carahue rechazó la propuesta de modificación de la planta de personal de la Municipalidad, iniciativa que contemplaba la creación de 24 nuevos cargos y que habría elevado la dotación desde los actuales 71 puestos hasta un total de 95.

La votación terminó con un cuatro a tres. Votaron en contra los ediles Paola Retamal (DC), Emiliano Delgado (UDI), Guido Tralma (UDI) y David San Martín (RN), y votaron a favor el alcalde Helmuth Martínez, además de los concejales José Merino y Graciela Quilapán. De esta manera, por mayoría se rechazó la modificación, quedando consignado el acuerdo N.º 460.

La propuesta incorporaba nuevos cargos como un director(a) de asesoría jurídica, un director(a) de rentas y patentes, un director(a) de desarrollo local, un director(a) de medioambiente, aseo y ornato, entre otros, generando un fortalecimiento institucional para responder a las necesidades de los habitantes y por otro lado favoreciendo el desarrollo de la carrera funcionaria.

Durante la sesión se abordó también el costo de la modificación. Según los antecedentes expuestos, la planta vigente durante 2026 representa un costo anual cercano a los $2.150 millones, mientras que la propuesta proyectaba para 2027 un costo aproximado de $2.987 millones, lo que significaba un aumento anual cercano a los $837 millones.

No obstante, durante la discusión surgieron diferencias respecto de las cifras consideradas para evaluar el impacto financiero de la iniciativa. Desde la administración municipal se precisó que los antecedentes entregados correspondían a una proyección presupuestaria, mientras que representantes de los funcionarios señalaron que el impacto efectivo de la propuesta había sido calculado en una cifra considerablemente menor.

Argumentos de los concejales

Uno de los principales argumentos planteados durante la sesión fue el impacto que tendría el aumento permanente del gasto en personal sobre las finanzas municipales.

La concejala Paola Retamal fundamentó extensamente su voto en contra, afirmando que la decisión debía considerar las necesidades de una comuna de aproximadamente 25 mil habitantes y la existencia de otras demandas sociales, utilizando como referencia los conceptos de igualdad, equidad y justicia social.

En su intervención, señaló que la modificación generaría obligaciones permanentes desde 2027 y advirtió sobre la necesidad de considerar ingresos futuros que podrían disminuir, entre ellos los recursos asociados al royalty minero.

También sostuvo que una mayor proporción de los recursos municipales destinada a gastos fijos podría reducir el margen disponible para financiar ayudas sociales, subvenciones, becas, programas municipales, materiales y enfrentar emergencias.

La concejala Retamal recalcó que su decisión no significaba desconocer la carrera funcionaria ni el trabajo de los trabajadores municipales.

“Yo siempre he apoyado a nuestros funcionarios, los respeto, les he aprobado su PMG, su bienestar, y los felicito y les agradezco”, señaló durante su intervención, argumentando que su voto respondía a una decisión de priorización de recursos.

El concejal Emiliano Delgado, en tanto, manifestó que su voto tampoco estaba dirigido contra los funcionarios municipales. Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con el impacto presupuestario de la modificación y con la necesidad de contar, según sostuvo, con mayores antecedentes antes de aprobar una decisión de carácter permanente.

Planteó que el municipio debía conocer previamente el presupuesto municipal de 2027, contar con una proyección financiera formalmente respaldada y precisar las funciones y destinos de los nuevos cargos.

También cuestionó algunos aspectos de la estructura propuesta, particularmente respecto de cargos directivos y jefaturas, señalando que una modificación permanente de la planta podía limitar la capacidad de futuras administraciones para organizar sus equipos de trabajo.

Por su parte, el concejal Guido Tralma valoró el trabajo realizado para elaborar la propuesta, pero sostuvo que el contexto económico nacional y comunal no permitiría, a su juicio, asumir los recursos necesarios para financiar la nueva planta.

El concejal David San Martín también fundamentó su voto en razones presupuestarias y sociales. Detalló cifras de la planta vigente y de la propuesta, señalando que el aumento proyectado para 2027 alcanzaría aproximadamente $836,8 millones anuales.

Asimismo, citó cifras de desempleo nacional y regional y planteó que la prioridad debía estar puesta en las necesidades sociales de la comuna, especialmente ante situaciones de vulnerabilidad que, según relató, ha conocido directamente durante sus recorridos por el territorio.

Alcalde defendió la propuesta

Tras la votación, el alcalde de la comuna de Carahue, Helmuth Martínez defendió el trabajo realizado por la administración y los funcionarios para elaborar la modificación de planta.

El jefe comunal sostuvo que parte importante de la discusión se había concentrado en el costo de la propuesta, pero que también era necesario considerar el objetivo de profesionalizar y fortalecer la estructura municipal.

Asimismo, afirmó que actualmente existirían funcionarios cuyos sueldos base se encuentran por debajo del ingreso mínimo, enfatizando que no todos los trabajadores municipales perciben remuneraciones elevadas.

“Hay algunos que ganan mucho menos de lo que la gente cree”, señaló, agregando que precisamente algunos de los funcionarios que participan directamente en labores de emergencia serían quienes reciben menores remuneraciones.

El alcalde también cuestionó que durante la sesión se utilizaran argumentos relacionados con la generación de empleo, señalando que las municipalidades tienen atribuciones limitadas en esa materia y que la promoción del empleo corresponde principalmente al Gobierno central.

En relación con el proceso de elaboración de la propuesta, afirmó que los concejales habían tenido la posibilidad de formular observaciones y trabajar los antecedentes en comisión antes de la votación.

Funcionarios expresaron su molestia

Tras el rechazo, el representante de los funcionarios municipales, Belarmino Barra intervino ante el Concejo para manifestar la molestia del gremio.

El dirigente defendió el proceso de elaboración de la propuesta y sostuvo que los funcionarios participaron durante meses en reuniones y jornadas de trabajo destinadas a preparar la modificación de planta.

Afirmó que el impacto económico real de la propuesta, según los antecedentes presentados por el gremio, era de aproximadamente $196 millones y no de los cerca de $800 millones señalados durante la sesión.

El representante sindical también puso énfasis en las remuneraciones de los funcionarios de los grados inferiores, señalando que existen trabajadores que reciben entre $500 mil y $700 mil y que algunos deben realizar actividades adicionales para complementar sus ingresos, como trabajar de Uber.

“Esa es la realidad de los funcionarios de verdad. No la de los 5 millones, no la de los 4 millones”, manifestó.

El dirigente sostuvo además que el rechazo impedirá avanzar en las expectativas de desarrollo y carrera funcionaria de trabajadores municipales que llevaban años esperando una modificación de estas características.

Durante su intervención cuestionó las motivaciones atribuidas por él a la decisión de los concejales y sostuvo que, a juicio del gremio, el rechazo tendría también una dimensión política.

La votación y sus efectos

Con el rechazo de la propuesta, la Municipalidad de Carahue mantendrá su actual estructura de planta, sin la incorporación de los 24 cargos contemplados en la iniciativa.

El debate dejó expuestas dos posiciones respecto del futuro de la estructura municipal. Por una parte, la administración y los funcionarios defendieron la modificación como una herramienta para fortalecer la carrera funcionaria, mejorar las remuneraciones de los grados inferiores y profesionalizar determinadas áreas.

Por otra, los concejales que rechazaron la propuesta centraron sus argumentos en el impacto permanente que tendría el aumento del gasto en personal, la necesidad de contar con mayores antecedentes presupuestarios y la priorización de recursos para necesidades sociales, infraestructura y eventuales emergencias.

La discusión quedó abierta para una eventual nueva propuesta de modificación de la planta municipal, una vez que se cuente con nuevos antecedentes y definiciones presupuestarias.